OPINION: El deber por derecho de distribuir la pauta oficial | Diario del Bicentenario - Noticias de Monte Caseros - Corrientes - Argentina

martes, 29 de julio de 2014

OPINION: El deber por derecho de distribuir la pauta oficial

Claro que siempre se plantea el tema, cuando “le esconden la leche al gato”, pero no por ello, debemos caer en el “culpismo” de no socializarlo como un derecho que le corresponde a los medios de comunicación, de una provincia o de una ciudad (tal como incluso lo esbozaron en sus argumentos ministros de la corte, como Zaffaroni, ante el fallo del “caso clarín”) para su legítimo y necesario funcionamiento en un estado que se precie de respetar, la institucionalidad del estado de derecho.
La siempre urticante relación entre medios y política, se traduce en el tironeo por la pauta publicitaria, en el siguiente informe, las implicancias jurídicas que se violarían, hacia la parte más débil, por parte de las administraciones públicas que no normativizan mediante ley u ordenanza su reparto de la torta publicitaria, para cumplir con el apotegma de hacer público los actos de gobierno.

Las presiones indirectas que utilizan los gobiernos para interferir con la libertad e independencia de los medios de comunicación, tienen su eje en la distribución de la publicidad oficial. Esta práctica consiste en asignar o retirar pautas publicitarias en función de objetivos personales o políticos, esto es usar recursos que el estado posee para comunicar temas de interés público con el fin de beneficiar a medios de comunicación amigos o para castigar a los críticos.

La convención Americana de Derechos Humanos prohíbe la restricción del derecho de expresión por vías o medios indirectos. Del mismo modo, la declaración interamericana de principios de libertad de expresión, establece que la utilización del poder del estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por ley.

El efecto inhibitorio es particularmente fuerte en países como el nuestro, donde la publicidad oficial es esencial para la supervivencia financiera de muchos medios de comunicación, sobre todo a nivel provincial. El juego de presiones a través de la pauta también se multiplica frente a la actual precarización laboral de los periodistas y el sistema de loteos de medios (periodistas negociando pautas).

En una sociedad democrática los ciudadanos, deben y tienen derecho a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que presta el estado. Esto se funda en el principio republicano de los principios de actos de gobierno. En este mismo sentido, la publicidad oficial es un mecanismo que sirve para dar transparencia a las acciones del gobierno y las instituciones.

Por este motivo, la publicidad oficial debe ser clara, objetiva, fácil de entender por la población, útil y relevante. El gobierno debe usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen el acceso y la difusión de la información, a la mayoría de la población, de acuerdo al propósito y características de cada campaña.

La asignación de publicidad oficial en los diferentes medios de comunicación debe responder a criterios claros y transparentes. Debe buscarse la efectividad del mensaje, esto es que el mensaje efectivamente llega a las audiencias que busca impactar y la racionalidad en el uso de los fondos públicos. Los criterios podrían ser; perfil del medio, precios, medición de circulación (para gráficos) audiencia (televisión, radio e internet).

Los funcionarios políticos, como los secretarios de medios, pueden estar involucrados en el momento de decidir los objetivos y características generales de las campañas, pero deberían dejar el diseño y el manejo diario a especialistas idóneos para la tarea.

Es preciso resaltar que los ciudadanos tienen derecho a conocer los gastos efectuados en publicidad oficial que se financien con fondos públicos. La ley debe establecer por un lado mecanismos que promuevan la transparencia en el otorgamiento de estos fondos y por el otro que garanticen el acceso de esta información por parte del público en general, tal como lo establece el espíritu de nuestra carta magna.

La Figura penal es de la Malversación de fondos públicos, en caso que un ejecutivo discrimine a ciertos medios de comunicación.


FUENTE:Comunas del Litoral
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